Artigo originalmente publicado pelo Clarín.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, João Otávio de Noronha, sostiene que “no hay presos políticos” en su país, y que los que están encarcelados lo están porque hay pruebas en su contra.
A dos semanas del Ballotage, donde se elegirá al nuevo presidente del país, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, João Otávio de Noronha, asegura que “la independencia judicial está consolidada” en el gigante sudamericano y que no hay vuelta atrás, gane quién gane. En diálogo exclusivo con Clarín, de visita en Buenos Aires para participar del J20, también habló del impacto social que produjo el proceso anticorrupción conocido como Lava Jato. “No hay presos políticos en Brasil”, dice, saliendo al cruce de algunos políticos. Y aclara que los detenidos lo están porque “hay pruebas suficientes para condenarlos”.
Latinoamérica vive una etapa de cambios intensos ¿Cuáles diría que son los principales desafíos de la Justicia en este contexto?
-El principal desafío hoy de la justicia es juzgar con total independencia, como viene haciendo la justicia brasileña. El sistema constitucional brasileño atribuye a la justicia una total independencia en todos los aspectos, inclusive en lo técnico y lo administrativo. La Justicia tiene su propio presupuesto. Creo que para América Latina, ese es el ejemplo a seguir. Necesitamos sacar cualquier influencia de la política. La justicia debe trabajar con gran energía y con una fuerte neutralidad. Necesitamos proteger a los jueces de todos los tipos de influencia para que pueda trabajar con total independencia.
La investigación del Lava Jato se convirtió en un punto de inflexión. ¿Cómo definiría ese proceso?
-Primero hay que decir que Brasil combatió la corrupción. Verificamos que había corrupción y que en esa corrupción había una fuerte influencia del gobierno establecido. Gracias principalmente a la independencia del poder judicial, Brasil pudo establecer un sistema para combatir esta corrupción. Hubo denuncias por parte del Ministerio Público, por parte de la población y por parte de algunos políticos. El Poder Judicial, con su independencia, pudo comandar la investigación de hechos señalados como corrupción. Esto permitió que muchos poderosos pudieran ser juzgados y terminaran siendo condenados o alejados del gobierno. La Justicia actuó con total independencia desde el mas humilde hasta el más poderoso. Esta es una de las consecuencias de la independencia del poder judicial. Solo esta independencia permitió la verificación de esta corrupción y al mismo tiempo permitió paralizar este sistema de corrupción política y empresaria en Brasil.
¿Hubo presiones para detener el proceso?
-Si. La Justicia siempre sufre presión. Lo que necesita tener es independencia para resistir esta presión. Y el Poder Judicial resistió fuertemente y valiéndose de su autonomía verificó con profundidad los hechos y condenó a aquellos a los que se les probó los actos de corrupción. O sea, no quedó ningún corrupto que fuera denunciado sin investigar. Brasil combatió la corrupción, procesando y juzgando a todos aquellos involucrados, hasta al mismo ex presidente de la República.
¿La delación premiada fue uno de los mecanismos claves en la causa?
-Creo que la delación premiada ayudó mucho, permitió que muchos investigados colaboraran, denunciaran hechos que fueron verificados, comprobados y la Justicia se apoyó en esas pruebas que empezaron con denuncias. Pero después, al profundizar la investigación, se logró develar una serie de actos de corrupción paralelos a aquellos que estaban siendo denunciados. El Lava Jato se apoyó fuertemente en la delación premiada, pero esto fue sólo el comienzo. A partir de allí se profundizó la investigación. Esos indicios llevaron a los hechos probados. Puedo asegurar que en Brasil no hay ningún preso político. Todos los que están presos lo están porque existen pruebas suficientes en el proceso para condenarlos
¿Incluso en el caso de Lula?
Inclusive en el caso del señor Luiz Inacio Lula da Silva. Está condenado con base en pruebas libremente producidas en el proceso, y le fue asegurada amplia defensa.
Sin embargo, en el caso de Lula, hay mucha controversia. Su defensa argumenta que el tema del departamento es un hecho menor y sin pruebas suficientes.
¿Un hecho menor para un presidente? Sería suficiente para poner un hombre común en prisión. ¿Por qué no a un ex presidente, que fuera del poder es un ciudadano común? Es más, ese hecho simple debe llevar al presidente a prisión porque él tenia el deber de dar el ejemplo de buen comportamiento. Además, hay otros hechos por los que están siendo investigado. Este fue el primero.
¿Cuales?
-Hay varios. Los de la quinta; un proceso sobre los desvíos de fondos de Petrobras; del instituto Lula, etc.
¿Consideran que Lula, como Presidente, habilitó los desvíos en Petrobras?
-Eso está siendo investigado. Por ahora fue condenado por el departamento. El hecho es que hubo un conjunto de políticos corrompiendo, saqueando Petrobras.
El Partido de los Trabajadores dice que hay una persecución política.
-Ellos acostumbran decir que son perseguidos. Pero jamás contestaron o rebatieron las pruebas producidas. Nos dicen que no hay pruebas. La democracia permite que todos hablen. Pero en el proceso, se juzga con base en la prueba. Esa prueba fue comprobada por el juez de primer grado y fue confirmada por el tribunal de Apelación.
Hay un debate en Argentina sobre si es bueno encarcelar a un ex presidente. ¿Cómo lo ve usted?
-La Constitución brasileña tiene un sistema. Cuando un ciudadano se encuentra en el ejercicio de la Presidencia, él no puede ser procesado. Se suspende el proceso hasta el final de su mandato. Después que termina el mandato, puede ser procesado como cualquier ciudadano. Lula no fue procesado como presidente, sino como ex presidente, o sea, como ciudadano común. Así debe ser, todos tienen que estar sujetos a la ley, la ley es para todos.
¿Esto perjudica o beneficia la imagen del país?
-El país en su aspecto ético mostró que no hay impunidad. Les demuestra a los políticos que el camino a seguir no es ese, no es el de la corrupción, que cada uno debe cumplir bien su papel. Y por otro lado es malo porque se afecta la imagen del país revelando los casos de corrupción. Pero yo concluyo que en un juicio de ponderación entre el mal y el bien, es mejor que se compruebe, se investigue, se juzgue y se condene. De hecho, quien está en un cargo publico de alta relevancia debe dar ejemplo de comportamiento.
Otro tema polémico fue la destitución de Dilma Rousseff. ¿Qué opina?
-Creo que el discurso del golpe se terminó. En primer lugar, ella ni siquiera consiguió ser electa como senadora por el estado de Minas Gerais. Sólo obtuvo una votación irrisoria. Segundo, su impeachment se procesó exactamente como está previsto en la Constitución. Los diputados y políticos que la juzgaron en su mayoría eran sus ex aliados, personas que le daban sustento en la Cámara baja y el Senado. Eran partidarios, todos aliados del PT, o su gran mayoría. El tribunal de destitución fue compuesto por senadores y presidido por el presidente de la Corte Suprema, que había sido elegido por Lula. El Supremo Tribunal Federal confirmó la decisión, y la mayoría de los ministros de la Corte eran elegidos por el PT, por Dilma o por Lula. Por eso ese discurso no tiene base. En mi tierra, en el estado de Minas Gerais, se dice: está llorando sobre la leche derramada.
¿Cree que el Lava Jato influyó en estas elecciones?
-Sí, mucho. No en el proceso en sí. Las denuncias de corrupción hicieron que el pueblo brasileño exigiera un nuevo comportamiento en el campo político, y con eso consiguieron una renovación. Candidatos que no estaban involucrados tampoco fueron reelegidos. Pero el pueblo eligió al candidato más alineado con el combate a la corrupción. Eso no impidió, es cierto, que el PT obtuviera la mayor bancada, con 55 o 56, que igual no será mayoritaria. Lo cierto es que el pueblo quiere que el principio de moralidad público sea efectivamente cumplido.
¿Teme que la llegada de Jair Bolsonaro al poder haga perder independencia a la justicia?
-Mire, la democracia brasileña es una democracia consolidada. El orden constitucional se impone, la justicia no cambia. Poco importa quién gane, si triunfa Haddad o Bolsonaro. La independencia judicial está consolidada en la Constitución, es parte de la conciencia jurídica del pueblo brasileño. El pueblo no permitiría jamás un retroceso. Ya se acabó en Brasil la era en que un presidente cambiaba como quería la Constitución. Los derechos fundamentales, la estructura administrativa y política que garantiza la independencia del Poder Judicial para juzgar con independencia es hoy un dogma constitucional en Brasil.
La ciudadanía respalda, pero también presiona.
-Sabemos que el pueblo está acompañando, pero debemos tener independencia suficiente para juzgar con base en la ley y no en la voluntad popular. El juez es el garante de la Constitución, el garante de los derechos fundamentales. El no puede escapar de la ley, de la Constitución, para atender el clamor popular. Eso no sería democrático. Debe, sobre todo, garantizar los derechos fundamentales de las minorías, y cuando se defienden los derechos fundamentales de las minorías, estamos juzgando contra los derechos de las mayorías. Solo se respetan los derechos de las minorías en países donde la justicia es fuerte, independiente, para aplicar el principio de la dignidad humana.